En Auditoría de Cumplimiento a la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, se identificó presunta responsabilidad administrativa y penal en 21 funcionarios y/o servidores públicos.

ICA | La Contraloría General detectó irregularidades en la compra de una supra computadora para la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (UNICA), otorgándole la buena pro a una empresa extranjera pese a que la institución no contaba con disponibilidad de presupuesto, lo cual no garantizó la transparencia del uso de S/ 23’760,000.00 de recursos públicos. Actualmente, el bien se encuentra inoperativo.

La comisión auditora determinó que la adquisición de la supra computadora fue orientada a la empresa extranjera, debido a que ésta previamente había proporcionado las especificaciones técnicas a los funcionarios quienes, aseverando que el equipo de cómputo no se comercializaba en el mercado nacional e internacional, le adjudicaron la buena pro.

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Asimismo, se modificó el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAC) de 2015 al incluir la adquisición del equipo de cómputo a través de una Licitación Pública para legitimar dicha adquisición, pese a que la entidad no contaba con el total de disponibilidad de presupuesto; aún con todo ello suscribió el contrato N° 026-2015-UNICA con la contratista.

El Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 5737-2019-CG/EDUNI-A indicó también que la suscripción del contrato con la empresa extranjera se dio sin contar con la garantía de fiel cumplimiento, requisito indispensable para asegurar que se efectúe la obligación contractual; estableciéndose además que la UNICA se obligaba a entregar el 30% de adelanto directo a favor de la contratista.

El precio

Del mismo modo, se fijó que el precio del bien debía ser en dólares cuando las bases señalaban que el monto sería en soles. Se evidenció además que los funcionarios y servidores públicos, efectuaron el pago del equipo de cómputo con fondos de otras fuentes de financiamiento y para ello, giraron 82 cheques a nombre de la misma entidad para que finalmente sea transferido a la empresa contratista.

La entidad, al adquirir la supra computadora tampoco contaba con una infraestructura apropiada acorde al estándar ANSI/TIA- 942 para su funcionamiento; asimismo, no cuenta con recepción satisfactoria de los componentes del equipo de cómputo, el mismo que se encontraría en cajas desde marzo del 2017.

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El hecho ocasionó un desfase de vigencia tecnológica del equipo de cómputo al haber estado guardado sin cumplir con el objetivo de complementar la formación académica de los alumnos de la Facultad de Ingeniería y Sistemas de la citada casa superior de estudios. A ello también se suma que la entidad asumió otros gastos por S/ 1´309,586.70.

Lo expuesto generó la inobservancia del principio de legalidad de los procesos de contratación pública en sus diversas etapas y ámbito presupuestal, propiciando que se le entregue la buena pro a la empresa que proporcionó las especificaciones técnicas previamente.

21 individuos implicados en el fraude

En ese sentido, la comisión auditora identificó presunta responsabilidad administrativa y penal por la existencia de elementos que evidencian la presunta comisión de delito contra la administración pública (Negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo) en 21 personas entre autoridades, ex autoridades, funcionarios, ex funcionarios y servidores de la UNICA.(ver informe páginas 135-136-137)

El presidente Vizcarra corta la cinta para construir el local que va  alojar la supra computadora. Derecha, el rector Anselmo Magallanes.

Los auditores recomendaron al Consejo Universitario de la UNICA disponer las acciones administrativas que correspondan para el deslinde de responsabilidades de los involucrados; así como se meritúe las acciones administrativas o legales respecto a la suscripción del contrato N° 026-2015-UNICA con la empresa extranjera debido a que se pagó sin tener la recepción satisfactoria del bien, ni su operatividad para su funcionamiento.

El Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 5737-2019-CG/EDUNI-AC, fue puesto de conocimiento a la Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República para que inicie las acciones legales pertinentes.